Reporte Especial IPYSve | Reporteros asesinados: Los rostros de impunidad

• Desde 2002 se han registrado 18 asesinatos a trabajadores de la prensa en el país de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela. Solo en 2020, esta organización documentó dos homicidios contra miembros de los medios de comunicación en los estados Sucre y Zulia.

• Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, desde 2006 y hasta 2019, 1165 trabajadores de los medios de comunicación perdieron la vida.

• La impunidad de los delitos hacia la prensa también ha dejado en el olvido las agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros durante 2020. Solo en ese tiempo IPYS Venezuela documentó 215 casos vinculados a esas categorías. 

Yhoger Contreras, equipo IPYS Venezuela

Nayrobis Rodríguez, corresponsal IPYS Venezuela, Sucre

Desde el 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)  estableció cada 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Esa conmemoración estableció dos objetivos clave: el cese de la impunidad en los delitos contra los reporteros, y el compromiso, desde los Estados miembros,  de fomentar entornos seguros y establecer mecanismos de protección para los trabajadores de la prensa en escenarios adversos que atenten contra sus vidas.

Cada año organizaciones internacionales han presentado sus relatorías sobre los crímenes contra los trabajadores de la prensa y la impunidad que, en la mayoría de los casos, aún se mantiene. De acuerdo con el barómetro de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), a lo largo de 2020, año especialmente afectado por la pandemia del Coronavirus, han sido asesinados 30 trabajadores de la prensa, entre periodistas y colaboradores de medios. Nueve de esas muertes han ocurrido en América Latina. Dos periodistas fueron asesinados en Venezuela durante el mes de agosto, pero no se encuentran reflejados en esa cifra de RSF.

Esta misma organización registró en 2019, 49 asesinatos en todo el mundo, siendo el año menos mortal desde el 2003, pero sí hubo un panorama particular sobre los crímenes contra los reporteros en Latinoamérica, región “tan letal para los periodistas como el Oriente Medio azotado por sus conflictos fratricidas” y donde se elevaron en un 59 % las muertes ocurridas en países en paz, comparado con las zonas de conflicto. De acuerdo con RSF solo en los países de la región se registraron 14 asesinatos, además de otros 10 que no fueron incluidos en su registro por encontrarse, para el momento de la publicación del informe, en revisión de sus antecedentes.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) a través de su Observatorio de Periodistas Asesinados, solo en 2019 se registraron 56 muertes de periodistas, cifra por debajo de los 99 del año anterior y que se suman a los 1010 trabajadores de la prensa asesinados desde 2006. Esto quiere decir que 1165 trabajadores de medios de comunicación perdieron la vida en los últimos 15 años en todo el mundo.

Con el finalidad de lograr sociedades más justas e inclusivas, en 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que comprende 17 objetivos (ODS) para el fortalecimiento de los Derechos Humanos de todos los individuos. Las condiciones del ejercicio periodístico y la garantía del acceso a la información fueron contemplados en la meta 10 del ODS 16 que busca “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

La ONU, a través de la Unesco recopila la información prevista en el indicador 1 de esa décima meta del ODS 16, el cual señala como datos a registrar el “número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los 12 meses anteriores”. Con este registro se puede conocer el avance en el cumplimiento o no de esta meta y además promover los mecanismos necesarios que permitan acercar a los pueblos al cumplimiento de la Agenda 2030.

Venezuela: 19 años, 18 homicidios

Si bien en Venezuela el asesinato contra los trabajadores de la prensa no es un flagelo de altas cifras, tales hechos representan la expresión más extrema de la violencia y la más grave violación a los derechos humanos de un individuo. En simultáneo, otras garantías ciudadanas se ven vulneradas, como el derecho a informarse, a denunciar y a la libertad de prensa.

En Venezuela, desde 2002 se han registrado 18 homicidios a reporteros en nueve áreas geográficas del país, de acuerdo con datos de IPYS Venezuela. El Área Metropolitana de Caracas ha sido el escenario con la mayor cantidad de hechos, enumerando cinco asesinatos contra trabajadores de la prensa, luego Aragua (3), Cojedes (2), Lara (2), Sucre (2), y en Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Zulia fue perpetrada la muerte de un periodista en cada entidad en manos de las fuerzas públicas o el crimen organizado.

Los años 2006 y 2009 fueron los más violentos para los comunicadores en Venezuela. En cada año se reportaron tres homicidios, uno más que los registrados hasta octubre de 2020, año en el que se han documentado dos sucesos. 

Según los registros de esta organización, a lo largo de estos años, 11 de  18 trabajadores de la prensa fueron asesinados mientras ejercían sus labores informativas, o posterior a haber realizado denuncias y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando. La poca información de los otros siete casos no permitió precisar las reales vinculaciones de sus asesinatos con la labor informativa.

Una característica particular es que los seis trabajadores de la prensa asesinados en los últimos siete años, es decir, desde 2014, eran simpatizantes oficialistas, dirigentes políticos del chavismo o disidentes críticos del proceso revolucionario. Álvaro Cañizalez Godoy (2014), Ricardo Durán (2016), Yolman Briceño (2017), Alí Domínguez (2019), José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, (ambos en 2020), compartían el mismo interés por el activismo político del chavismo, aunque algunos eran detractores de la administración y políticas de  dirigentes regionales.

Entre las funciones que desempeñaban los trabajadores de la prensa asesinados a lo largo de estos 19 años, se encontraban tres reporteros gráficos, tres locutores, tres directivos de medios de comunicación, dos comunicadores populares, dos periodistas de instituciones públicas, dos articulistas, un reportero, un chofer y un documentalista independiente.

El asesinato contra estos trabajadores de la prensa a lo largo de los años, deja en evidencia la progresiva escalada de violencia que viven los medios de comunicación y los reporteros en todo el territorio a la hora de realizar coberturas informativas o denunciar sobre hechos de interés público.

Dos historias, un flagelo

José Carmelo Bislick Acosta y Andrés Eloy Nieves Zacarías eran dos venezolanos que tenían varias cosas en común. Ambos eran licenciados en educación, simpatizantes del oficialismo, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y trabajadores de medios de comunicación, que fueron asesinados en agosto de 2020 con un margen de tres días de diferencia y más de 1200 km de distancia, en dos estados de cada extremo del territorio nacional.

Bislick Acosta fue hallado muerto en Güiria, municipio Valdez, del estado Sucre, al noreste de Venezuela, mientras que Nieves Zacarías, perdió la vida en manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Cabimas, Costa Oriental del Lago, estado Zulia, en el noroeste del país.

Tanto Bislick, de 53 años, como Nieves de 33, no sabían que sus días terminarían en manos de otra persona, mucho menos que sus vidas serían apagadas en el marco de su ejercicio laboral, o como consecuencia de las denuncias que habían realizado en días anteriores. 

José Carmelo era un activo dirigente político del municipio Valdez ubicado en la parte sur de la península de Paria, en todo el extremo noreste de Venezuela. Ocupó cargos como concejal y director del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en la región. Junto a su esposa, era cabeza de una familia integrada por sus dos hijos, un nieto y su yerno, en la localidad de Güiria, capital del municipio.

Además era productor y moderador del programa “El pueblo en combate” que se transmitía semanalmente a través de la emisora Omega 94.1 FM, espacio que compartía junto a los dirigentes oficialistas José Frontén y Román Rojas, quien actualmente es constituyente y dirigente del PSUV en la localidad.

La relación de amistad y afinidad política que mantenían, hizo que formaran un grupo de dirigentes que, a pesar de simpatizar con la ideología del proceso político de Hugo Chavez y Nicolás Maduro, no compartían el modo de gestión que llevaba adelante el alcalde Ander Charles y el gobernador de la entidad, Edwin Rojas.

En la búsqueda de espacios para expresar sus ideas y disentimiento, Rojas, Bislick, Frontén y unos cuatro dirigentes más, alquilaron un espacio radial semanal por el que hacían denuncias y críticas a la gestión de los funcionarios regionales. El programa duró unos cuatro meses, hasta el asesinato de Bislick la madrugada del 18 de agosto.

Rosmery Bislick, hermana de José Carmelo, en declaraciones para el medio internacional Infobae, señaló que la familia sospechaba que el asesinato fue producto de “su crítica constante al tráfico de gasolina”, y a “su posición crítica dentro de la revolución”, pero a pesar de esas declaraciones, también destacó que nunca supieron que el dirigente y locutor recibiera amenazas que alertaran sobre persecución o algún atentado contra su vida. Lo mismo afirmó el constituyente Rojas, quien destacó que ni antes ni después del fallecimiento del exconcejal, recibieron amenazas algunas.

La noche del 17 de agosto, Bislick se encontraba en su vivienda con toda su familia en el sector Villa Guayacán, cuando aproximadamente a las 11 de la noche, cuatro hombres armados y con el rostro cubierto, ingresaron a la propiedad causando temor en todos los miembros de la casa, amarraron al locutor y lo amenazaron en reiteradas oportunidades con matarlo “por haberse comido la luz” de acuerdo al relato de su hermana.

Mientras dos trasladaban al dirigente al patio de la casa y lo golpeaban, los otros requisaron la vivienda y tomaron artículos de valor como computadoras, teléfonos celulares, equipos de conexión a internet, ropa y hasta medicamentos y alimentos. “Al marcharse les dijeron que mi hermano los iba a acompañar para salir de la urbanización y que luego regresaría”, dijo Rosmery Bislick. Su hermano se montó en su vehículo, un Chery, modelo X1, color plata, placas AF882PM, y abandonaron la casa con destino desconocido.

Luego de efectuar las denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por el secuestro del dirigente, los Bislick no volvieron a saber de su familiar sino hasta el otro día cuando un vecino encontró su vehículo en un terreno baldío a cien metros del llenadero de gas licuado de la empresa estatal Provee Sucre, a las 5:00 a.m. José Carmelo había sido asesinado y su cuerpo yacía con moretones y múltiples impactos de bala.

Aunque la policía científica realizó el levantamiento del cadáver y garantizó a su familia que sería trasladado a la localidad de Carúpano (apróximadamente a dos horas de Güiria), para hacer la autopsia, su hermano Luis Rafael Bislick aseguró que el cuerpo del dirigente no tenía signos de haber sido sometido a ningún procedimiento forense. “Las únicas marcas que tenía eran de los golpes y los balazos que recibió” dijo, incluso destacó que, hasta el 1 de octubre, la familia no había podido tener acceso al acta de defunción.

Las investigaciones del caso han pasado por una serie de anomalías. De acuerdo a la información que pudo recabar esta organización, la familia denunció irregularidades y negligencia por parte de los funcionarios del CICPC, encabezados por el comisario Wilmer Cedeño, quien “no nos atendía el teléfono, nos evadía y daba largas a la investigación. Fue removido del cargo y gracias a las gestiones de un militar, hermano de crianza, quien planteó el caso de Carmelo en Caracas, una delegación del CICPC de allá tomó el caso”, señaló el hermano del trabajador de la prensa asesinado.

Asimismo relató que el 29 de septiembre tuvo conocimiento de la detención de uno de los presuntos asesinos de su hermano, identificado como Leonel José Cedeño, a quien se le incautó un arma de fuego y un teléfono celular, quien estaría registrado en el expediente K-20-0184-00195 del 17 de agosto de 2020, por haber estado implicado en delitos de Ley Contra la Propiedad, Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores y Contra las Personas, y donde aparece José Carmelo Bislick Acosta como víctima de los sucesos.

Comparado con el caso de Andrés Eloy Nieves, lo ocurrido con Bislick aún continúa sin avance en las investigaciones. Los familiares se mantienen a la espera mientras el tiempo transcurre.

Luego de más de 80 horas del homicidio de José Carmelo, al otro extremo del país, en la Costa Orienta zuliana, funcionarios de las FAES ejecutaron al comunicador popular Andrés Nieves Zacarías cuando se encontraba en la sede de la televisora comunitaria Guacamaya TV. El operativo también cobró la vida de Víctor Torres, hijo de Franklin Torres, director del medio de comunicación, quien minutos antes había salido de su casa para comprar la cena de su familia en medio de las medidas especiales de confinamiento por la pandemia de la COVID-19.

La consternación rápidamente se extendió por redes sociales y escaló en las altas esferas de la política oficialista del país, lo que ocasionó que el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunciara el inicio de las investigaciones sobre el hecho que había sido catalogado por los efectivos de seguridad como un enfrentamiento que resultó en la muerte de Nieves Zacarías y Torres.

Se desconocen las causas por las cuales los efectivos de las FAES asesinaron a Nieves Zacarías y a Torres. Días después, William Saab anunció la detención y la imputación de cuatro funcionarios del cuerpo policial y una ex fiscal del Ministerio Público (MP) por su vinculación con el crimen.

Luego de mes y medio, familiares y abogados de Nieves y Torres denunciaron irregularidades en el caso, como la destrucción de evidencia por parte de los efectivos de seguridad.

Uno de los abogados defensores, Simón Arrieta Quintero, en declaraciones a los medios de comunicación señaló que los libros de novedades y de servicio de los días 21 y 22 de agosto de las FAES no se encontraban disponibles e impedían saber con precisión cuántos efectivos habían participado en los hechos del viernes 21.

Quintero también señaló que otras de las pruebas destruidas fueron las grabaciones de seguridad de una empresa cercana a la sede del medio. “Unos funcionarios del CICPC se acercaron al día siguiente del doble homicidio y los borraron”, refiriéndose a los videos de la empresa.

Los medios de comunicación aseguran que el caso de Nieves Zacarías fue cerrado, hecho que temen los familiares por el riesgo a que no se haga justicia y la impunidad vuelva a tomar partida.

Organismos internacionales como la Unesco y Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenaron los homicidios contra los trabajadores de la prensa y pidieron “a las autoridades venezolanas que emprendan una investigación imparcial” que identifique de manera eficiente “a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, cometidos con solo unos días de diferencia”.

Cultura de la impunidad

De acuerdo con la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, International Freedom of Expression Exchange, por sus siglas en inglés), “cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias”, por ende, “la intimidación, las amenazas, los ataques y asesinatos no son castigados” por quienes deben ejercer la justicia en el país.

Cuando las naciones están inmersas en una cultura de impunidad, aquellos que limitan, niegan u obstaculizan los derechos humanos de los demás, lo hacen teniendo plena consciencia de que son escasas las oportunidades para rendir cuentas por sus delitos, lo que conlleva a un libre proceder de los ataques contra los trabajadores de la prensa y en consecuencia, a un temor generalizado a informar y denunciar hechos de interés público y riesgos sufridos, bajo la sospecha de reincidencia del atacante.

Para la IFEX la cultura de la impunidad en las naciones toma cuatro grandes formas que engloban todos los riesgos que padece la prensa a la hora de ejercer su labor informativa. La forma Individual que describe como objetos de amenazas, agresiones e incluso riesgos de ser asesinados a aquellos que hablan y denuncian. La impunidad Social, que señala un clima de temor, “apatía y desconfianza en el que las personas tienen miedo de hablar sobre los problemas que afectan a sus comunidades”, y por consiguiente se genera un escenario de sociedad mal informada.

La impunidad Nacional, que según la IFEX, se basa en “un débil estado de derecho y en el fracaso de las instituciones nacionales”, donde reina la corrupción, el sistema judicial es ineficaz, y el Estado no posee todo el control. Y por último, describe la forma Internacional de la impunidad que da cuenta de los escenarios en que las agendas políticas internacionales se encuentran sobre los derechos humanos y promueven una retroalimentación a la cultura de la impunidad.

Conforme a los patrones descritos, el escenario de esta cultura se ha venido posicionando en Venezuela en el transcurso de los años. Solo hasta el 27 de octubre de 2020, IPYS Venezuela registró 215 casos que estuvieron enmarcados en agresiones, asesinatos, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y trabajadores de la prensa.

El temor en los reporteros también asciende. Periodistas en todas las regiones del país, y particularmente de los estados más orientales del territorio, denunciaron a IPYS Venezuela hechos de intimidación y agresiones físicas sufridas, pero ante el miedo de verse nuevamente afectados por sus victimarios, tomaron la decisión de realizar sus denuncias de forma privada, sumando hasta octubre de 2020, 22 casos en la categoría de registros internos de nuestros archivos.

Ante este escenario, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, exige al Estado venezolano la continuación de las investigaciones de los casos de asesinatos contra los trabajadores de la prensa ocurridos a lo largo de estos últimos años. Los familiares, el gremio y toda la ciudadanía tienen el derecho a la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos, además de procesar a los culpables e indemnizar a los familiares de las víctimas.

IPYS recuerda al Estado que es su responsabilidad garantizar los mecanismos necesarios para la seguridad y protección de los trabajadores de la prensa como recomiendan organismos internacionales como la Unesco. La garantía de no repetición de las violaciones contra los miembros de los medios de comunicación es un compromiso adquirido por el Estado, así como procesar a los involucrados en hechos que atenten contra la integridad de los reporteros y del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.